Artículo del Consejo Editorial de Oracle
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En respuesta a las promesas de deportación del presidente Donald Trump, la Universidad de California y el sistema de la Universidad del Estado de California, así como el Distrito de Colegio Comunitario Foothill-De Anza, han adoptado resoluciones oficiales que declaran su apoyo a los estudiantes indocumentados. Otros distritos de escuelas públicas de California han adoptado resoluciones similares de “safe haven (refugio seguro)”. Nuestro distrito debe hacer lo mismo.
La seguridad de los estudiantes indocumentados está en juego, y aunque la inmigración está altamente politizada, la cuestión clave es la idea de los derechos humanos. Los estudiantes indocumentados, que a menudo no tienen opción en su condición, tienen derecho a la educación y a la seguridad.
Insistimos en que El Consejo Directivo de la Escuela apruebe inmediatamente una resolución oficial que declare lo siguiente:
- El distrito se adherirá a su política de no revelar o recolectar información identificable con respecto al estatus migratorio;
- El distrito resistirá, a través del incumplimiento o desafío legal, los esfuerzos federales o estatales para crear un directorio de inmigrantes indocumentados o para obtener información sobre el estatus migratorio, incluso si es requerido por ley, orden judicial, citación legal o orden judicial legal;
- El distrito apoyará el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que impide la deportación de los beneficiarios por dos años, entre otros beneficios
Actualmente, el distrito recibe abogados de inmigración para proporcionar información legal sobre los derechos de los inmigrantes indocumentados. La Administración también declaró públicamente su apoyo a los estudiantes indocumentados en un correo electrónico dirigido a la comunidad MVLA, en el que reiteraron: “No pedimos y no recopilaremos o revelaremos el estatus de ciudadanía acerca de ningún estudiante o su familia.”
Aunque encomendamos al distrito por sus esfuerzos actuales, los alentamos encarecidamente a que actúen aún más adoptando nuestra propuesta de resolución, la cual hace que sus declaraciones sean oficiales y ejecutables en los tribunales.
Reconocemos los riesgos potenciales de una resolución oficial y la importancia de pedir que el distrito sea potencialmente acusado de desacato a la corte, sin embargo, la probabilidad de esa situación es muy bajo. Ramificaciones posibles incluyen una reacción federal, según el superintendente asociado Mike Mathiesen, y “un multa diario, una multa compensatorio, o [raramente] incarceración de personal importante,” según un abogado quien pidió no ser identificado, respectivamente.
La voluntad declarada del distrito de asumir riesgos para apoyar a nuestra comunidad indocumentada añadiría peso a la declaración, y no deberíamos temer las repercusiones de mantener nuestros valores. Además, una resolución oficial sería una posición en solidaridad con otras instituciones que han tomado decisiones similares y serviría de precedente para que otros distritos escolares sigan el ejemplo.
El estudiante de tercer año de MVHS Osmin Quijano, inmigrante indocumentado de El Salvador, dijo que las promesas de Trump eran “muy aterradoras porque, por ejemplo, tengo a mis hermanos, y yo-yo no tengo papeles”.
Quijano dijo que cree que una resolución del distrito podría ayudar.
“Pueden demostrar que están con los inmigrantes o que quieren ayudar a los inmigrantes”, dijo Quijano. “La escuela puede demostrar que … si somos de diferentes lugares o culturas tenemos las mismas oportunidades … y demostrar que, por ejemplo, a los padres que podemos estar seguros en la escuela”.
Los estudiantes deben sentirse seguros en la escuela, no temerosos, especialmente en un tiempo tumultuoso e incierto. La jurisprudencia ha afirmado el derecho constitucional de los estudiantes indocumentados a la educación, y el temor de una posible deportación asistida por la información proporcionada por su escuela no debe interferir con ese derecho.